La Fiscalía General de la Nación convocó un comité técnico - jurídico con el propósito de realizar la revisión, evaluación y seguimiento de las investigaciones que se adelantan por las denuncias que por estafa masiva cursan contra Global Brokers y Asociados y las compañías aliadas Grupo Constructores Aliados, Alianza Grupo Empresarial y Grupo Empresarial Aliados.

Con esta decisión, adoptada por la Delegada para la Seguridad Ciudadana, Claudia Victoria Carrasquilla Minami, se busca frenar las recurrentes dilaciones y aplazamientos de audiencias promovidas por los denominados ‘cerebros’ de la multimillonaria estafa, maniobras que solamente favorecen a ellos mismos, en una clara búsqueda de impunidad.

Para tal fin, la Fiscalía tuvo en cuenta una petición formulada el 3 de julio de este año, por Luis Carlos Pinillos, quien advirtió sobre la presunta ocurrencia de dilaciones injustificadas que impiden el avance de las investigaciones, enfatizando que tal situación afecta los derechos de las víctimas e imposibilita su acceso a la justicia.

Aseguró que las investigaciones “se siguen por la presunta estafa de mayor cuantía cometida posiblemente por varias empresas con multiplicidad de víctimas, quienes adquirieron remates inmobiliarios”, razón por la cual solicitó ante la Delegada para la Seguridad Ciudadana la intervención efectiva en el proceso.

Para la Fiscalía, a las razones expuestas por el peticionario se suma la posibilidad de imprimir celeridad en el marco del esclarecimiento de los hechos que dieron origen a los procesos adelantados, “fundamento que reviste de mayor sustento la necesidad de conformación y adelantamiento del comité técnico jurídico”.

A esta solicitud se sumó la presentada por Gladys Esther Posada Turizo, una de las 50 afectadas en la ciudad de Cartagena.

Sustentó su petición en el hecho de que los procesos que cursan en los juzgados Cuarto, Segundo y Séptimo Penal del Circuito se encuentran paralizados, mientras que los de los juzgados Octavo y Noveno Penal del Circuito las audiencias han registrado múltiples aplazamientos.

Llamó la atención sobre uno de los casos que se encuentra en fase de indagación, en el que estarían implicadas 90 personas, pero que aún no han sido judicializadas.

También advirtió que la Fiscal 36 seccional de Barranquilla, sin apoyo alguno, lleva los juicios en los juzgados Cuarto Penal del Circuito con 11 acusados; en el Segundo Penal del Circuito contra Cristian Yurgaky Rey; en el Séptimo Penal del Circuito donde se lleva el juicio contra Adriana De la Ossa y en Octavo Penal del Circuito donde también se adelanta el juicio de Brígida Sánchez y Gustavo Palomino.

La misma Fiscal 36, agregó, además del caso Global Brokers tiene también una enorme carga de más de mil procesos igualmente por estafa y otros delitos, contando con apenas un solo policía judicial.

“Es que una sola Fiscal y un solo policía judicial no pueden realizar todo eso”, alertó.

Entre tanto, en el Juzgado Noveno Penal del Circuito el proceso contra Adonis Brugés está asignada la Fiscalía 51 “que es nueva en ese despacho y no conoce el caso”.

Por ello reclamó la priorización del caso por su complejidad, por la naturaleza de las víctimas, y “porque se requiere de la unión de esfuerzo de fiscales, policías judiciales y expertos para poder impactar toda esta organización”, al tiempo que celebró la labor que ha venido ejerciendo la Fiscal 36, Yudis Esther Berdugo Blanco.

Posada Turizo insistió en la necesidad de darle continuidad y permanencia de la Policía Judicial, “asignándose fiscales de apoyo que hayan conocido el caso, que se coloquen expertos y policías judiciales de entidades nacionales y extranjeras que permitan continuar con la investigación contra los 90 implicados que faltan por vincular y que se identifique para dónde se fueron los dineros nuestros, de estas 605 víctimas que le entregamos a empresas reconocidas por el Estado”.

En su concepto, se requiere una intervención y vigilancia permanente ante todo el sector de la justicia “para evitar más dilaciones en este caso de Global Brokers que flagela a la sociedad barranquillera y de otras ciudades del país, su economía, el sector financiero y que vincula a familias enteras que confiamos en entidades reconocidas por el Estado que abusando de nuestro deseo de tener vivienda digna, nos engañaron y mantuvieron en error, no quede en la impunidad”.